Emigrantes que transitan a través de México corren serios riesgos, a pesar de algunas leyes, se dice en un informe

Por David Agren 
Catholic News Service 

Emigrantes que transitan a través de México siguen expuestos a serios riesgos como robos, violaciones y secuestros, a pesar de que recientemente se aprobaron unas leyes para contrarres-tar tales delitos, se dice en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
“Desconocen sus derechos o prefieren no ejercerlos si esto los pone en evidencia” para que las autoridades no se enteren, se dice en un informe escrito por un miembro de la comisión, Felipe González y en el que aparecen contribuciones de encargados de refugios dirigidos por Católicos en los que se protege a emigrantes centroamericanos que transitan a través de México. La comisión es parte de la OEA, Organización de Estados Americanos. 
En Saltillo, capital del estado de Coahuila, México, el 19 de agosto, un día después de que se dio a conocer el informe, González les dijo a dirigentes de la localidad que por no confiar en las autoridades o desconocer los derechos propios por parte de los transmigrantes, “se crea un círculo vicioso de impunidad. ... No tienen acceso a la justicia, tienen miedo de ser detenidos; y si lo son, no pue-den apelar por sus derechos humanos”. 
En el informe se subrayaban los riesgos extremos de inseguridad a los que se exponen los transmigrantes centroamericanos, que han aumentado su número en su odisea rumbo a los Estados Unidos, especialmente menores de edad que tratan de reunirse con sus respectivos padres o de escapar de la pobreza y violencia. Hasta ahora, más de 50,000 menores, carentes de tutela de algún mayor, han llegado a los Estados Unidos este año, de acuerdo con la oficina de Aduanas y Protección de la Frontera de los EE.UU. 
En el informe se incorporaron datos de investigaciones hechas desde el año 2011 y también se incluyen visitas a refugios dirigidos por Católicos en los estados mexicanos de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Representantes de grupos defensores de transmigrantes dicen que los datos del informe son aplicables todavía, a pesar del tiempo que llevó su publicación. 
“Todavía es un informe actual y relevante”, dijo Alberto Xicoténcatl, director del centro diocesano de Saltillo, llamado Belén Inn de Transmigrantes, que depende de la Diócesis de Saltillo, y que está localizado a 190 millas de distancia de la frontera que colinda con los Estados Unidos en Laredo, Texas. 
Sin embargo, algunas personas que se dedican a servir a los transmigrantes 
cuestionan el momento de la aparición del informe. 
“Es un informe que las organizaciones de transmigrantes hubieran deseado que apareciera desde el mes de febrero del año 2012”, que había sido el momento original planeado para su publicación, dijo José Luis Manzo, director de apoyo del refugio de Saltillo. 
González dijo que el informe no es extemporáneo y que los datos que aparecen se fueron poniendo al corriente conforme pasaba el tiempo y que la dilación en su publicación se debía al corto número de personal disponible. 
En el informe se tocan temas como el de la extorsión y pagos forzados ilegales; por ejemplo, algunos grupos delictuosos les cobran a los transmigrantes 100 dólares para poder subirse al techo de los vagones del ferrocarril al que han apodado La Bestia y que los transporta a través de México. 
María Pineda, mujer de 40 años de edad, hizo la caminata de casi 24 horas, junto con otros transmigrantes de Honduras por el estado de Guanajuato para evitar dar el pago por subirse a un vagón del ferrocarril La Bestia, pero fueron atacadas por asaltantes que llevaban cuchillos y cascos de botellas de cerveza rotos. 
“Caminamos casi desnudas”, le dijo al Catholic News Service en el refugio de Saltillo, añadiendo que les habían robado todas sus pertenencias. 
Ingrid Prera, que cuenta con 17 años de edad, huyó del departamento de Petén de Guatemala junto con su pequeño hijo, Jhony, con la esperanza de llegar a los EE.UU. Se transportó en autobuses a través de México, pero tuvo que pagarle en tres ocasiones a la policía federal 200 pesos mexicanos (US$15), le dijo a CNS en Saltillo. 
Los secuestros todavía son comunes, aunque el padre Alejandro Solalinde, director del refugio llamado Hermanos del Camino, en el estado de Oaxaca, dijo que los días de secuestro en masa ya no se daban. “No es que estén fuera de control”, dijo en el mes de abril. 
Los secuestradores  demandan a los familiares de los transmigrantes que paguen fuertes sumas de dinero por el rescate, que, según el informe, son enviadas utilizando los servicios de compañías como Western Unión y otras agencias similares. 
Las transmigrantes corren el riesgo de asalto sexual en su travesía y, antes de salir de su país en Centroamérica, se inyectan substancias contraceptivas, conocidas entre ellas como “la inyección anti-México”, de acuerdo con el informe, debido a que algunos funcionarios les exigen avances sexuales de pasaje. 
“La violencia sexual ha llegado a ser parte del viaje para muchas mujeres transmigrantes”, se dice en el informe. 
Ha habido oleadas de menores que salen de países centroamericanos desde el año pasado, aunque el fenómeno de jovencitos que prueban suerte no es nuevo. En el informe se cita una encuesta llevada a cabo por Catholic Relief Services en donde se afirma que un 47 por ciento de niños, niñas y adolescentes transmigrantes dicen haber sufrido algún tipo de abuso desde el momento en el que abandonaron su respectivo país hasta el momento de ser repatriados. 
González hizo un llamado al gobierno de México, país que lucha por los derechos de los mexicanos que viven en los Estados Unidos y que apoya los derechos humanos en organizaciones internacionales, para que practiquen lo que predican en su propia casa. Y también pidió que se aplicaran las leyes mexicanas a favor de los transmigrantes. 
“Hay un enorme abismo entre el espíritu de la ley y de cómo se aplica”, dijo. 
En México se han aprobado leyes en años recientes tendientes a que se mejore la seguridad de los transmigrantes y se ha hecho que se considere su presencia en el país, sin contar con los debidos documentos, una infracción administrativa y no un delito. Los transmigrantes tienen el derecho de denunciar delitos cometidos en su contra y en algunos estados se han establecido oficinas especiales de fiscalía para canalizar tales delitos. 
En el informe se dice que en esas oficinas se carece de recursos y de suficiente personal y que falta buena coordinación. Todavía no se ha puesto en práctica un plan para otorgar visa temporal a los transmigrantes. 
“Las conversaciones se dirigen a favor de los derechos humanos, pero cuando llega el momento de aplicar la ley es cuando no se cumple”, dijo Xicoténcatl. 
En el informe se hizo mención especial de las actividades de la sociedad civil y de los refugios dirigidos por Católicos, en los que se ha dado asilo temporal, alimento y ropa a los transmigrantes; acciones que, ahora, ya no se consideran delitos en México. 
El trabajo que realizan “es de vital importancia para la salvaguarda de vidas y la integridad de miles de transmigrantes”, se dijo. 
“En muchas ocasiones, el estado mexicano no ha actuado diligentemente para proteger (a los transmigrantes) o, en el peor de los casos, son las mismas autoridades que directa o indirectamente han violado los derechos humanos de los transmigrantes y sus defensores”. 
En el informe se subrayaban amenazas levantadas contra los refugios y su personal tanto en los estados de Saltillo y Veracruz como en Oaxaca y Tabasco. También se le hace un llamado al gobierno para que se inicie una campaña por medio de la cual “el público pueda diferenciar el delito de tráfico cometido en contra de transmigrantes y las actividades de asistencia humanitaria que se les da en los refugios”. 
Se puede encontrar una copia completa del informe en el sitio electrónico de http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/Informe-Migrantes-Mexico-2013.pdf. 

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