La Corte determina que la unión de dos personas del mismo sexo es legal en toda la nación

Por Patricia Zapor
Catholic News Service

Mediante una decisión relevante, la Corte Suprema, dividida, declaró el 26 de junio que la unión de dos personas del mismo sexo es constitucional en toda la nación.
“La naturaleza de este tipo de unión es que, mediante su enlace duradero, dos personas juntas pueden encontrar otras libertades como expresión, intimidad y espiritualidad,” escribió el magistrado Anthony Kennedy después de un voto mayoritario de 5 a 4. “Esto es verdad para todas las personas, sin importar su inclinación sexual”.
A partir del 26 de junio, en 36 estados, el Distrito de Columbia y Guam se permite la unión de dos personas del mismo sexo. Algunos de esos estados aprobaron leyes que lo permitían, mientras otros lo han hecho conforme una orden de la corte.
Los cuatro magistrados que no estuvieron de acuerdo con el fallo presentaron advertencias de posibles serias consecuencias para la nación, que irían desde “una amenaza en contra de la democracia de los EE.UU.” hasta batallas futuras que tendrían que ser solucionadas en la corte en casos en los que las instituciones religiosas presentaran oposición a tales uniones homosexuales dentro de las funciones diarias de la sociedad.
La opinión principal en varios lugares se inclina a reconocer el papel de las creencias religiosas en cuestiones relacionadas con uniones de personas del mismo sexo. Kennedy dijo en la conclusión de sus opiniones, expresadas en 28 páginas, que “se debe de enfatizar que las religiones y las personas que se adhieren a doctrinas religiosas, podrían continuar aduciendo con una convicción, la más sincera, que por precepto divino la unión de personas del mismo sexo no se debe de aceptar”.
Mediante la Primera Enmienda se asegura protección para individuos y organizaciones religiosas mientras buscan enseñar los principios “que llenan tanto y son centrales para su vida y para su fe respectiva”, continuó, y “para sus propias y profundas aspiraciones de continuar la estructura de la familia que de largo tiempo han reverenciado. Lo mismo es verdad para las personas que se oponen a la unión de personas del mismo sexo por otras razones.
“A su vez, las personas que creen que el permitir la unión de personas del mismo sexo es propio o, incluso, esencial, ya sea asunto de convicciones religiosas o creencias seculares, podrían entablar un debate abierto y escudriñador con los que no están de acuerdo. Sin embargo, la Constitución no permite que el estado les prohíba a parejas del mismo sexo la unión en los mismos términos como está acordado para parejas de sexo opuesto”.
En la Corte se hizo una revisión de cómo el Derecho que se refiere a la unión de parejas ha cambiado a través de los siglos, especialmente en refe-rencia a las prohibiciones del siglo XX en contra de uniones de personas de diferente raza y las leyes mediante las cuales se trataba a la mujer como legalmente sujeta a la voluntad de su esposo.
También se habló acerca de la multitud de formas en las que el reconocimiento del “status” de unión por parte del estado afecta a las parejas, a sus hijos y a la sociedad.
Kennedy dijo que “muchos que consideran la unión de personas del mismo sexo como equivocada llegan a esa conclusión con fundamento en una premisa religiosa o filosófica, decente y honorable y tanto esas personas como sus creencias no se desdeñan aquí”.
Sin embargo, añadió, “cuando la oposición sincera y personal se convierte en ley y práctica pública, las consecuencias necesarias son poner la aprobación del estado mismo en exclusión que pronto disminuye o estigmatiza a aquellos a los que se les niega su propia libertad. Conforme la Constitución, las parejas del mismo sexo buscan en la unión el mismo tratamiento legal que las parejas de sexo opuesto, y se desdeñarían sus posibilidades de escoger y se dismi-nuiría su esencia de persona al negárseles este derecho”.
En el caso de Obergefell v. Hodges se abonaron cuatro casos de la Corte de Apelaciones del Circuito 6o de los Estados Unidos, originados en 
Tennessee, Michigan, Kentucky y Ohio, cada uno de los cuales había limitado la unión para parejas de ambos sexos. La corte de circuito había mantenido las prohibiciones del estado sobre parejas del mismo sexo con derecho a unirse.
A Kennedy se le unieron la mayoría de magistrados: Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.
Los cuatro magistrados que no estuvieron de acuerdo con la determinación lo hicieron de forma vehemente. Cada uno escribió su texto de desacuerdo con diferentes combinaciones de los cuatro que firmaron en el cuerpo de opiniones de los otros.
El presidente del tribunal, John Roberts, con quien concordaron los magistrados Antonin Scalia y Clarence Thomas, se enfocaron principalmente en el argumento de que la corte actuaba de manera precipitada, declarando norma un asunto que los estados todavía estaban estudiando.
“Sea que la unión de parejas del mismo sexo se considere una buena idea o no, no nos debe concernir a nosotros,” escribió Roberts. “Conforme la Constitución, los jueces tienen el poder de decir lo que es la ley y no lo que debería ser. Las personas que ratificaron la Constitución autorizaron a las cortes a no ejercer ni fuerza ni voluntad, sino meramente dictamen”.
Roberts se extendió 
diciendo que “aunque los argumentos de ley para extender el derecho de unión a parejas del mismo sexo podrían ser persuasivos, los argumentos legales para requerir tal extensión no lo eran. El derecho fundamental a unirse no incluye el derecho de obligar a un estado a cambiar su definición de unión matrimonial”.
Roberts también respondió a la mayor parte de referencias de derechos religiosos de las personas que no estaban de acuerdo con la unión de parejas del mismo sexo, diciendo que “tales creaban preguntas serias sobre la libertad religiosa. Muchas personas buenas y decentes se oponen a la unión de parejas del mismo sexo como principio de fe, y su libertad de practicar religión es, no como el derecho imaginado por la mayoría, en realidad explicado en la Constitución”. E hizo notar que en cada estado en que “se adopte la unión de parejas del mismo sexo democráticamente” se incluían acuerdos para práctica religiosa.
“La decisión de la mayoría mediante la cual se impone la unión de parejas del mismo sexo no puede, por supuesto, crear ninguno de esos acuerdos,” escribió Roberts. “Mediante la Primera Enmienda se garantiza, sin embargo, la libertad de ‘practicar’ la religión… Surgen serias preguntas cuando las personas de fe practican su religión de manera que pueda parecer entrar en conflicto con el nuevo derecho de unión de parejas del mismo sexo”.
Y mencionó, como posibles zonas de conflicto, cuando “en un colegio religioso solamente se les provee de habi-tación a estudiantes casados que sean de sexo opuesto, o en una agencia religiosa de adopción en la que se evite colocar menores con parejas que sean del mismo sexo”.